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Todas las excusas utilizadas por la Cámara de Diputados para postergar el tratamiento de la pérdida de investidura de Carlos Portillo fueron eliminadas de un solo zaque por el jurista Jorge Bogarín, quien dejó bien claro que aunque se sancione una nueva ley reglamentaria, esta no afectaría al liberal, porque no tendría carácter retroactivo.
Hace más de un mes que un grupo de legisladores presentó el pedido en contra de Portillo, imputado por tráfico de influencias y escrachado varias veces por un sector ciudadano. Aunque Efraín Alegre dijo públicamente que esperaba que su correligionario renunciara a su banca, la bancada liberal en Diputados parece bastante interesada en blindarle todo lo que pueda, posiblemente ante el temor de que, luego de él, sigan otros.
Fue para dilatar el caso Portillo cómo surgió la “brillante” idea de crear una comisión especial para que elabore un proyecto de reglamentación del artículo 201 de la Constitución. El argumento entonces era: “no le podemos juzgar si no sabemos cómo; vamos a esperar qué dice la ley”, pretendiendo con eso desechar la seria sospecha de que todo no era más que una jugarreta para proteger al colega poniendo más en vigencia que nunca el dicho de “Hoy por mí, mañana por ti”.
Pero resulta que todo eso era mentira. Justamente, al único que no le va a afectar la nueva ley es a Portillo, porque su caso empezó mucho antes y no existe la retroactividad de la ley. Eso quizá podían no saberlo unos cuantos, como el presidente de la cámara, por ejemplo. Finalmente, Miguel Cuevas es zapatero, no abogado.
Pero no nos van a decir, brillantes exponentes del Derecho, como Rodrigo Blanco o Ramón Romero Roa, que no sabían que la ley no podía ser retroactiva. Así que si es que utilizaron este argumento para evitar, hasta hoy, juzgar a Portillo, lo hicieron solamente porque quieren salvarle de lo que se viene, que será echado de la cámara.
“Solamente se necesita voluntad política”, respondió Bogarín a nuestra pregunta de qué se necesitaba para que Portillo fuera sometido a juicio por sus pares y quedara fuera de la cámara. Y es justamente lo que no hay, voluntad política. Por lo menos de parte de sus correligionarios y de otras bancadas que parecen haber decidido resistir los embates de algunos sectores ciudadanos que los escrachan y piden sus renuncias.
No olvidemos que el mismo Cuevas dijo que solamente eran unos cuantos “gatos locos” los que pedían su salida, de Portillo y de otros legisladores comprometidos en hechos de corrupción. Y es justamente lo que están intentando evitar, que los “gatos locos” se salgan con la suya.
Para que quede clara la cosa. Si se sigue postergando el caso de Portillo, aunque la nueva ley quede sancionada y promulgada, a la hora de juzgarlo no se podrá recurrir a la nueva la norma, así que el liberal será juzgado por sus pares y su destitución se dará por mayoría simple, que es todo lo que se puede colegir de lo que dispone la Constitución en el artículo 201, que habla de la pérdida de investidura. Esto mismo se podía haber hecho hace un mes, sin tanto lata pararã.