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La caída de un gran cargamento de droga que se encontraba en propiedad de un pariente del gobernador del Departamento de San Pedro, perteneciente al movimiento Colorado Añetete, vuelve a traer al tapete a un viejo tema que sigue sin tener una solución de fondo, la injerencia de la narcopolítica en los poderes del Estado.
Desde que, en 2014, en el Senado se dijeron en voz alta los nombres de los narcopolíticos que ocupaban bancas en Diputados, lo que parecía el principio del fin de la injerencia del crimen organizado en el Parlamento, no pasó nada. Algunos de los que fueron señalados, con datos obtenidos por la Senad, lograron, incluso, ser reelectos y hoy siguen ocupando su banca, a pesar de que las acusaciones en su contra van en aumento y cada vez hay hechos nuevos que los involucran abiertamente con el tráfico de drogas.
Algunos parecen pensar que la gran solución a la narcopolítica se dará cuando el Congreso sancione el paquete de 12 leyes antilavado remitido por el Ejecutivo. Sin embargo, las graves denuncias en contra de algunos de los proyectos, por la persecución que propiciará a personas que, posiblemente no tengan nada que ver con las mafias, y darían excesivo poder al organismo internacional conocido como Gafi, en cuestiones tributarias internas, hace que el Senado decida tomarse su tiempo para analizar con detenimiento cada uno de los temas presentados.
El problema de la narcopolítica va ligado íntimamente con el del financiamiento político y este sí que es un tema que en el Congreso se ha discutido durante muchos años, y algunos proyectos inútiles, que solamente iban a significar una curita para la realidad, fueron aprobados y rápidamente derogados de nuevo.
Y en esto no hay colores. Ha quedado más que claramente demostrado que ninguno de los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento tiene interés en que se establezcan reglas duras para el financiamiento político, de manera a evitar que el dinero sucio aporte a las campañas proselitistas. Es obvio que todos, de una u otra manera, se benefician con esto.
Alguno podría decir que, aunque sea mínimamente, hubo cierto avance en el combate a la narcopolítica, y prueba de ello es que el diputado oficialista Ulises Quintana guarda reclusión desde hace varios meses, por enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas y lavado de dinero. El hecho de que pertenezca al movimiento oficialista parece darle más seriedad a la cuestión.
Pero a esta altura, algunos ya consideran que el caso de Quintana es apenas una isla en un mar de complacencia e inacción de los órganos jurisdiccionales con el crimen organizado. Porque además de ese hecho, no se ha resuelto nada, no hay ninguna investigación abierta y si la hay, se la realiza de manera tan silenciosa y secreta que nadie sabe qué se está haciendo.
La narcopolítica es un terrible mal que afecta al país. Significa que los traficantes de drogas tienen sus propios representantes en los poderes del Estado, especialmente en el Congreso, donde la representatividad es mucho más vulnerable. Mientras no se le aseste un golpe fuerte, duro y contundente, de verdad, todo no será más que uno de los tantos malos chistes a los que estamos expuestos los paraguayos.