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Buitres y “avivados” siempre merodean las economías de todos los países. Los hay de todos los pelajes y tamaños. Algunos consiguen sus objetivos, otros no. Ayer, por ejemplo, tomamos conocimiento de que un empresario paraguayo, César Addario, entabló una demanda contra el Estado paraguayo reclamando más de US$ 10 millones. El motivo que aduce es que no se concretó la negociación, o mejor, el negociado que el gobierno de Fernando Lugo, del cual era gestor, pretendía llevar a cabo con el de Venezuela en los “paraísos” fiscales, a través de Petropar y PDVSA. En principio pareciera que se trata de un intento de manotazo a las arcas del Tesoro por parte de un aprovechador y evidentemente hay algo de eso, pero estamos ante un hecho infinitamente más grave. Lo que Addario dejó muy en claro entre los fundamentos de su presentación, es que el exobispo y todos los que formaron parte de esa operación que estuvo a punto de consumarse, maquinaron una ingeniería destinada a propinarle un fenomenal zarpazo a las finanzas públicas, lo cual supera con creces a la actitud de simples “avivados” y los retrata como son: Vendepatrias, sobre los cuales debe caer todo el peso de la Ley.
Parte de esta historia ya es conocida. Petropar, en la “era” Lugo, deliberadamente dejó de pagar la deuda de los contratos leoninos que, así como antes Nicanor Duarte Frutos, había suscrito con la petrolera venezolana. Nadie entendía el porqué, pues el gasoil se recibió y se vendió, pero la plata recaudada nunca se destinó a saldar la deuda y tampoco nadie, hasta hoy, sabe dónde fue a parar.
Pero luego las cosas fueron ganando claridad. Primero se supo de un “preacuerdo” suscritos entre ambas petroleras para “renegociar” lo adeudado por medio de un banco “offshore” situado en las Islas Caimán, activándose así las alarmas por lo que tan mal comenzaba a oler. Y ahora, el “gestor” termina, sin querer, por poner todas las piezas en su lugar.
Lo que hizo el gobierno del exobispo fue negociar el depósito de más de 280 millones de dólares en un fideicomiso operado por un banco del Caribe, seleccionado por PDVSA, a ser pagados por Petropar en tres años, de los cuales los “gestores” debían embolsarse el 30%. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se cerró el “negocio”? Por la simple razón de que se fueron del poder anticipadamente.
Los montos en cuestión echan por tierra los discursos acerca de las “bondades” de aquel preacuerdo. Paraguay iba a ser “clavado”, en cuatro capítulos, por una suma multimillonaria, un tercio de la cual se iban a repartir entre “los muchachos” en Islas Caimán.
Parece algo salido del arsenal de los más grandes traidores dispuestos a perpetrar una mega estafa a nuestro país y a nuestro pueblo, aunque paradójicamente, el caso hasta ahora solo está siendo encarado con seriedad por el Poder Ejecutivo, no así por el Congreso, ni por el Ministerio Público, que debería intervenir de oficio para investigar, imputar y acusar a esta pandilla devendepatrias.