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ASUNCIÓN. El Instituto de Previsión Social (IPS) tiene deudas millonarias con proveedores que ascienden a alrededor de 800 millones de dólares. Sin embargo, el Estado y las patronales de empresas privadas le deben 1.300 millones de dólares. Este y otros hechos de corrupción son herencias del gobierno anterior encabezado por Mario Abdo Benítez.
El director Jurídico del IPS, José González, en una entrevista con el programa “Fuego Cruzado” de Canal GEN/Nación Media, destacó que la corrupción ha sido uno de los problemas más graves heredados por la actual administración.
José González enfatizó que las deudas que el Estado y las patronales de empresas, incluyendo evasiones fiscales, tienen con el IPS superan los 1.300 millones de dólares, mucho más de lo que la institución debe a sus proveedores. Además, señaló que la administración anterior dejó de emitir títulos de crédito y certificar deudas, lo que ha llevado a más de 500 millones de dólares en deuda de las patronales y las instituciones públicas con el IPS.
El asesor jurídico también destacó que la corrupción no se limita a las licitaciones y la adquisición de suministros, ya que se han detectado graves irregularidades tanto en el personal médico como en el administrativo, incluyendo la solicitud de pagos indebidos a los asegurados por servicios que deberían ser gratuitos.
Asimismo, obra en el Ministerio Público una denuncia derivada de un informe negativo de la Contraloría General de la República, que señala irregularidades en pagos por insumos que no estaban en los almacenes de la institución, gastos excesivos en combustible y obras pagadas pero no ejecutadas.
González también resaltó la importancia de investigar a fondo estas operaciones irregulares que abarcan un período de 16 meses, incluyendo todo el año 2022.
Otro punto de preocupación es el registro de proveedores del año 2022, que destapó servicios prestados por la institución fuera de los contratos y la ley de Contrataciones Públicas.
Un caso destacado es la infraestructura para la construcción de salas de cirugía en el séptimo piso del Hospital Central, para la cual se debían destinar 80 millones de dólares, pero no existe un registro adecuado de estos fondos.
