ADN Digital
Nuestro país comienza a sacudirse nuevamente ante hechos de corrupción y el malestar se expande rápidamente en diversos estamentos de la sociedad, lo que permite alentar la esperanza de que en esta ocasión se proyecte a escalas superiores a las anteriores, alcanzando a protagonistas de actos infinitamente más graves, cuyos nombres ni siquiera son mencionados por la mayoría de los medios de prensa. Debemos ser muy cuidadosos y reconocer quién es quién en esta historia, así como los fines que realmente persiguen, para no sufrir nuevas decepciones como las experimentadas en el pasado, cuando algunos promotores de movimientos similares alcanzaron sus objetivos, la mayoría de las veces restrictos a golpear a sus enemigos políticos, para después volver como de costumbre al reinado del “oparei”.
Hablemos, pues, de los actores de esta historia. Por un lado, los ciudadanos indignados por ese flagelo que nos azota impiadosamente desde hace décadas y que a todos ya nos tiene verdaderamente hartos. Por el otro, los promotores de escraches “ultra selectivos”, enfocados en legisladores de la ANR, que solo pretenden recuperar sus privilegios empresariales y potenciar los proyectos partidarios que les resultan afines.
Entre estos últimos, el papel más relevante lo ejercen ABC Color y las diversas plataformas montadas en los últimos años por el Grupo Zuccolillo, así como la artillería de canales de TV, radios y el diario perteneciente al Grupo Vierci. Entonces surge una pregunta obligada: ¿Cómo creer en la sinceridad de sus objetivos “anticorrupción”, cuando se trata de dos familias reconocidamente mafiosas, que construyeron sus fortunas en base a la extorsión, el contrabando y los más variados actos ilícitos?
A pesar de eso, los medios de una y otra están abocados a difundir la lista de sus candidatos a ser sometidos a linchamientos públicos, como paso previo a la expulsión del Congreso. Ensoberbecidos por la destitución de José María Ibáñez de la Cámara de Diputados, ahora van por las cabezas de Oscar González Daher, un objetivo relativamente sencillo, dada su elevada impopularidad, Víctor Bogado y Jorge Oviedo Matto. Sin embargo, tal como publicamos hoy en las páginas de nuestro diario, no dicen una sola palabra respecto a otros casos, igual de graves o mucho peores.
Por ejemplo, no publican una línea sobre la senadora Desirée Masi, del PDP, quien incurrió en la misma práctica que el legislador defenestrado, solo que en vez de tratarse de sus caseros, fueron 53 miembros de su partido que incluyó como planilleros de la Justicia Electoral, en donde jamás prestaron servicio. Y cuando se “pilló” el “fato”, la senadora, entonces diputada, devolvió al TSJE la suma de 133.725.000 guaraníes, para “zafar” de ser procesada por la Justicia ordinaria. ¿Por qué no la incluyen en la nómina de los “escrachables”?, es una pregunta que difícilmente respondan.
Tampoco dicen nada de su marido, el exministro del Interior Rafael Filizzola, quien le dejó un “clavo” de 9 millones de dólares al Estado paraguayo, en el caso de los helicópteros que nunca volaron, o de Efraín Alegre, “hacedor” de rutas que nunca existieron, aunque sí los millonarios desembolsos de dinero público.
Volvamos al inicio. Bienvenida sea esta nueva oleada de justificada indignación ciudadana contra la corrupción, pero para que la misma se desarrolle y alcance a los “peces gordos”, independientemente de los colores o de que pertenezcan al sector público o privado, incluyendo a los de la prensa, es de fundamental importancia que la ciudadanía sea la que elabore su propia “hoja de ruta”. No la de los Zuccolillo, no la de Vierci, ni de Masi.
Estos tienen la “cola sucia”, mucho más sucia que la de aquellos a quienes con absoluto cinismo hoy denuncian.