ADN Digital
Ayer, el Ministerio Público y el Poder Judicial se pusieron, definitivamente, los pantalones largos, en una decisión que, si bien es apenas el comienzo de un proceso que tendrá que sacudir los cimientos de un esquema de corrupción y latrocinio, lo que significará un largo camino, reviste de una enorme trascendencia.
En un momento en el que en los países vecinos se ve toda una revolución en materia judicial, con grandes y poderosos personajes presos, pensábamos que, otra vez, no habíamos podido montar el tren de la historia, de los cambios, de la transparencia y en donde la Justicia se convierta en igual para todos.
Pero la decisión del juez de sentencia Rubén Ayala Brun, respondiendo a un pedido del fiscal Ysaac Ferreira, nos empieza a colocar a la misma altura que nuestros vecinos. Es la primera vez que un diputado nacional, en ejercicio del cargo, va preso. Esto es inédito y merece todo el aplauso ciudadano, mucho más porque no se trata de un legislador opositor ni cartista, es un importante referente del movimiento que responde al presidente de la República.
Y esto lo hace aún más loable porque se tienen versiones bien concretas de que, desde el gobierno, se ha generado una fuerte de presión al fiscal Ferreira, para que cambiara la carátula de la causa. Resulta que los crímenes por los que el agente del Ministerio Público imputó a Quintana (tráfico de drogas en calidad de cómplice, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y tráfico de influencias) tienen penas de bastante más de 5 años, por lo que no podía ser beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión.
Así que la intención del entorno gubernamental era que se cambiara la carátula por un delito menor, cuya expectativa de pena no superara los 5 años, a fin de evitar la prisión preventiva y conseguir las medidas sustitutivas. Pero Ferreira resistió las presiones y se mantuvo en su decisión de imputar al diputado por crímenes graves.
Imaginamos que también el juez Ayala Brun debió recibir algunas presiones, a pesar de lo cual no le tembló la mano a la hora de firmar la prisión preventiva en contra de Quintana, quien fue a parar con sus huesos a Viñas Cué, donde deberá permanecer mientras se desarrolla todo el juicio. Una vez que haya sentencia, si esta lo declara inocente, quedará libre. De lo contrario, se confirmará su prisión por los años que dicte el magistrado.
No nos engañamos pensando que todo está hecho. Sabemos muy bien que el camino es largo, que el proceso que implicará un cambio sustancial y profundo en la administración de Justicia llevará mucho tiempo y esfuerzo. Pero ayer, tanto Ayala Brun como Ferreira nos demostraron que, muchas veces, no es cuestión de leyes ni reformas constitucionales para que la ciudadanía sienta que puede confiar en los organismos jurisdiccionales.
A veces, solamente se necesitan personas valientes, que sean capaces de resistir cualquier tipo de presión, provenga de donde sea, y que actúen en el marco de lo que disponen las leyes vigentes y la Carta Magna.
Ante tantas decepciones, la actitud de estos señores, ayer, nos permitió disfrutar de un soplo de esperanza.