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Por motivaciones estrictamente políticas, contrarias a los principios más elementales de la razón, senadores que responden a los liderazgos de Fernando Lugo, Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre insisten en el afán de asestar un golpe letal a las tabacaleras, mediante el aumento desmedido del impuesto selectivo al consumo, elevándolo en un 80%. El blanco del ataque es Horacio Cartes, propietario de la mayor fábrica del sector, pero el “daño colateral” que causaría si lograran consumar su propósito supera de lejos los intereses particulares del presidente y tendría efectos sociales y económicos devastadores.
Los promotores del descabellado proyecto sostenían que la industria del tabaco “aporta poco” al Estado (falso), que lo que paga en impuestos “es nada” comparando con lo que se tributa en otros países de América Latina (falso) y que la normativa tiene como uno de sus principales fundamentos cuestiones que hacen a la salud pública (falso), hasta que finalmente admitieron lo que todos ya presumíamos: el objetivo real es poner fin a dicha actividad, destruyendo a las tabacaleras (verdadero) bajo el eufemismo de “reconvertirlas”, como dijo con todas las letras de la palabra la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, lo que resulta directamente delirante.
Repasemos algunos datos oficiales que cualquier lector puede corroborar en la página de la Subsecretaría de Tributación. Las tabacaleras no solo no aportan poco, sino que figuran en segundo lugar, después de las entidades financieras, en el ranking de los 500 grandes contribuyentes por sectores. Tabesa S.A, la empresa de Cartes, abona al fisco un promedio anual de 120 millones de dólares y también se encuentra entre las 10 que más contribuyen con el fisco en concepto de Impuesto a la Renta.
En cuanto a la carga impositiva de dicho sector, en comparación con otros países, el Paraguay ocupa el cuarto lugar en el subcontinente, con el 0,23% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), solamente por detrás de Chile (0,63), Uruguay (0,40%) y Argentina (0,33%). Su incidencia es tan importante que duplica a la de la poderosísima industria tabacalera del Brasil, situada en el orden del 0,10%.
Respecto a la repentina “preocupación” de los proyectistas por la salud pública, solo basta mencionar que si la misma fuera sincera incorporaría al debate otros rubros potencialmente más perjudiciales, como el alcohol, por ejemplo, cuyo consumo no solo es dañino sino que constituye la principal causa de accidentes de tránsito y, por tanto, de muertes en nuestro país.
La discusión, por tanto, no es de “justicia tributaria” ni, mucho menos, de salud pública. Ni siquiera puede hablarse de discusión, sino de la utilización de la ley, por parte del mencionado grupo de legisladores, como garrote al servicio de sus miserables fines políticos, sin reparar en las terribles implicancias para millares de familias paraguayas, que perderían sus fuentes de ingresos, así como para el fisco, cuya recaudación se resentiría significativamente.
Si los senadores vieran más allá de sus narices, es decir de HC, cuya fortuna está garantizada por varias generaciones, con o sin tabacalera, encontrarán que esta rama de la producción genera más de 4.000 empleos directos, formales, con IPS y todos los beneficios sociales para sus trabajadores. Pero no solo eso. Descubrirán igualmente que otras 16.250 personas (familias) se dedican actualmente en zonas de San Pedro y Concepción al cultivo, la cosecha y comercialización del tabaco. Hablamos de 1.500 productores, 12.000 más que son empleadas para el ciclo productivo de siembra, cuidados culturales, cosecha, curado y secado, 2.500 proveedores de bienes y/o servicios, más el personal técnico y administrativo, que suman otros 250.
Estos son números reales, que para algunos tal vez pueden resultar hasta si se quiere “fríos”, pero detrás de ellos existen muchas personas, demasiadas, que dependen directa o indirectamente de las labores desplegadas por las tabacaleras, quienes pasarían a aumentar las estadísticas de pobres y pobres extremos si los “luguistas”, “maristas” y “efrainistas” lograran lo que pretenden: Un “genocidio laboral” que, paradójicamente, estos embaucadores dicen querer llevar a cabo en defensa de los intereses del pueblo.