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El Presupuesto desfinanciado aprobado por el Congreso Nacional obligará al Ejecutivo a limitar el Plan Financiero sobre bases de una reglamentación de estricto cumplimiento. Se orientan a aumentar la racionalidad, control y cortes del gasto y la simplificación de los procesos administrativos, de manera a facilitar y viabilizar la ejecución de los programas y proyectos para resguardar la sostenibilidad fiscal. Se mantiene la suspensión de gratificaciones y se recortarán catering y seguro médico, entre otros. El presidente Horacio Cartes ordenó “transparencia absoluta de las gestiones en el manejo de recursos”.
ASUNCIÓN.- A finales de la semana que pasó, el jefe de Estado emitió el Decreto 8.452/2018 que reglamenta la ejecución presupuestaria 2018 que afecta a todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE). Incluye reglas que buscará reordenar las responsabilidades asumidas por el Estado sin afectar las inversiones. La pretensión es evitar fuertes golpes tras la aprobación del Congreso de un Presupuesto General de la Nación deficitario y en buena parte sin fuente de financiación.
Horacio Cartes trazó –con los técnicos de Hacienda- una hoja de ruta bastante estricta “se orientan a la continuidad de los procesos de transparencia, racionalidad, control del gasto público y la simplificación de los procesos administrativos, de manera a facilitar y viabilizar la ejecución de los programas y proyectos”, dice un documento emitido por Hacienda.
Se insistirá en la suspensión de gratificaciones al personal público por el cumplimiento de su responsabilidad, para el cual ya recibe su salario. Esta determinación la tomó el presidente ya en 2016.
Se limitará aún más los gastos referentes a la contratación de servicio de catering (alimentos) y pagos por seguro médico y de bienes. Destaca el documento que “la adquisición de pasajes aéreos que, a excepción del presidente y vicepresidente de los tres Poderes del Estado debe ser en clase económica para todos los servidores públicos; y la prohibición de suministros para almuerzos de funcionarios”.
Extiende un procedimiento exclusivo que pretende proteger los créditos presupuestarios del Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la compra de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) y se blindan los recursos para los programas de alimentación escolar a cargo de los gobiernos departamentales y municipales para evitar inconvenientes generados en el pasado.
GOLPES
Adicional al desfinanciamiento del Presupuesto, la capacidad de solventar los compromisos asumidos desde el Estado se encuentra con un riesgo mayor, considerando el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia tributaria, acerca de la inconstitucionalidad sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las Cooperativas, así como la sentencia que habría emitido respecto a la devolución de impuestos a las agroexportadoras, hechos que afectarán de manera significativa la sostenibilidad de las cuentas públicas en el futuro; según lo aclaró el Ministerio de Hacienda.
