ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN- El exgobernador de Central, Hugo Javier González, se expone a una pena de hasta 10 años de prisión tras ser acusado por el fiscal Silvio Corbeta por lesión de confianza en calidad de autor, producción de documentos no auténticos en calidad de autor y asociación criminal como coautor.
Según el fiscal Corbeta, cada uno de estos delitos conlleva un marco penal de cinco años. En caso de concurso o violación de múltiples normas legales, la pena podría aumentar a 7 años y medio. Sin embargo, la situación se tornará aún más grave si se considera el segundo inciso del artículo 192 del Código Penal, que establece que en casos especialmente graves, la pena privativa de libertad puede aumentar hasta diez años. Esta disposición no se aplica cuando el hecho involucra un valor menor de diez diarios.
Corbeta subrayó que la decisión final sobre la gravedad del caso y la pena recae en el Tribunal de Sentencia, el cual debe determinar si los delitos se encuadran dentro de lo extremadamente grave, teniendo en cuenta la conducta del exgobernador.
En cuanto al proceso judicial, Corbeta informó que está a la espera de la calendarización del juicio para presentar sus argumentos. Además, anticipó que los imputados que previamente fueron beneficiados con salidas procesales serán convocados como testigos en las audiencias orales.
LOS ANTECEDENTES
Los antecedentes de la acusación se remontan al período entre el 1 de marzo de 2019 y el 30 de diciembre de 2020, cuando la Gobernación del Departamento Central realizó desembolsos supuestamente indebidos por un total de G. 24.424.032.733 en concepto de aportes a entidades privadas sin multas de lucro, destinados a financiar 51 proyectos. Sin embargo, estos desembolsos causaron un perjuicio patrimonial estimado en G 18.384.427.005.
La investigación sugiere que González y otras personas habrían formado un esquema delictivo centrado en la utilización de la figura legal de aportes a Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones, fundaciones, instituciones, comisiones vecinales y otras personas jurídicas privadas sin fines de lucro con bien social. Además, se contó con la participación activa de los representantes y autoridades de estas organizaciones para llevar a cabo dicho esquema.
