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ASUNCIÓN. El excanciller nacional, Eladio Loizaga, sugirió que Paraguay debería recurrir al arbitraje internacional para buscar una solución financiera al conflicto en torno a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Argumentó que, en calidad de país pequeño en términos de población y territorio, Paraguay debe confiar en el derecho internacional y exigir el cumplimiento del Tratado de la EBY a través de esta vía, ya que las instancias de negociación se han agotado.
Durante una entrevista realizada en el programa Plaza Pública DENDE, el exdiplomático destacó ejemplos de otros países que utilizaron el arbitraje internacional para resolver disputas, como el caso de Argentina y Uruguay que llevaron su conflicto sobre las papeleras a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Loizaga señaló que, independientemente del resultado, Paraguay debe aceptar el laudo arbitral como una forma de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y derechos en las relaciones internacionales.
El excanciller también explicó que una vez que se constituyen los árbitros, tienen un plazo de 60 días para emitir su laudo en el caso de Yacyretá. Además, subrayó que los problemas en torno a esta cuestión no dependen únicamente de la voluntad política actual, ya que las administraciones futuras pueden tener una visión diferente sobre el conflicto.
En relación con el acuerdo entre los expresidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, Loizaga recordó que Yacyretá experimentó altibajos en su construcción y que Argentina aportó fondos para continuar el proyecto. Sin embargo, el país vecino intentó que este aporte del Tesoro fuera reconocido como un préstamo.
El Anexo C del Tratado de Yacyretá estipula una revisión a los 40 años de su vigencia, y en 2014, Paraguay solicitó iniciar dicha revisión. Fue durante el gobierno de Macri que se firmó un acuerdo que incluía aspectos tarifarios y otras conquistas para Paraguay, como la definición sobre el porcentaje de territorio inundado, donde se desarrolló que el 80% pertenece a Paraguay y el 20% a Argentina.
A pesar de que el acuerdo fue aprobado por el Congreso paraguayo y promulgado por Cartes en 2018, nunca fue analizado en el Congreso argentino. Loizaga lamentó que durante el mandato del expresidente Mario Abdo Benítez, no se hayan realizado gestiones ante el legislativo argentino para su aprobación.
