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Cuando el pasado 2 de agosto se conoció la conclusión a la que arribaron autoridades del Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay (BCP) y directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), recomendando disminuir el piso de la inflación para que se proceda al ajuste salarial, la reacción de muchos fue cuanto menos de incredulidad. Ocurre que, como decíamos entonces, muy raramente las instituciones del Estado y, sobre todo, los gremios de empresarios, asumen posiciones que favorezcan a los trabajadores en esta materia. Sin embargo, lo que entonces era una idea se concretó el pasado jueves con el anuncio del Ejecutivo respecto a que impulsará de inmediato la reforma del Código Laboral, a los efectos de que cuando el índice inflacionario alcance el 7%, como lo hizo hace ya algunos meses, se proceda automáticamente al aumento del sueldo mínimo, lo cual fue saludado por las principales centrales obreras, que calificaron de histórica dicha iniciativa.
Y no es para menos. De acuerdo a datos brindados por el viceministro del Trabajo, César Segovia, la implementación de esta metodología beneficiará entre 1.100.000 y 1.200.000 trabajadores, que representan la tercera parte de la fuerza laboral del país, incluyendo a docentes y efectivos de la fuerza pública que perciben el sueldo mínimo, el cual por efecto de la inflación se depreció en el orden del 7.2% desde el último ajuste, decretado en abril del 2014.
El titular de Hacienda, Santiago Peña, había explicado que la ley que rige el ajuste de salarios se quedó enclavada en los años 90, cuando la inflación anual giraba en torno al 10%, mientras que hace ya varios años es del orden del 4%. Y eso hace que los ajustes se demoren mucho tiempo en producirse, más de 3 años, como fue en el último de los casos, desde cuando ya transcurrieron nuevamente 2 años y 5 meses.
Corregir el desfase es por tanto una cuestión de justicia social elemental, pues lo que ha venido sucediendo es que como el índice inflacionario nunca llega al techo que exige la normativa, los empleados en la práctica están perdiendo todos los meses una parte del poder adquisitivo de sus salarios, lo que en términos acumulativos representa mucho dinero, justamente para los que tienen menores ingresos.
Pero no solo los trabajadores se beneficiarán con la aplicación del nuevo sistema, sino también los empleadores, ya que esperar la acumulación del 10% produce tensiones y conflictos sociales, algunos incluso de envergadura nacional, y cuando finalmente se concreta el aumento, éste tiene un impacto más fuerte sobre las finanzas de las empresas. También se benefician los comerciantes, pues al haber mayor circulante también habrá mayor consumo, lo que dinamiza la economía y termina favoreciendo al fisco, que recaudará más en concepto de impuestos.
Como señalamos tras aquel encuentro del 2 de agosto, para terminar de cerrar el círculo de la inequidad en el tema de los salarios, es necesario abordar dos temas, inmediatamente después que se ponga en marcha el nuevo mecanismo. Por un lado, redefinir los productos que componen la canasta familiar, que aún integran muchos que ya son de escaso o nulo consumo, lo que de alguna medida distorsiona la tasa de inflación. Y por el otro, fortalecer el Ministerio del Trabajo, a fin de que pueda controlar con eficacia el cumplimiento de éste y otros derechos laborales.
Seguramente escucharemos voces críticas respecto a los cambios que están en curso. Desde los que, si fuera por ellos, deberíamos retrotraernos a la época del “mensú”, hasta los que consideren que se trata de “muy pocas cosa”. Pero ninguno de ellos forma parte de la enorme masa laboral que resultará beneficiada en forma directa, ni de los muchos más que lo harán en forma indirecta. Y para este amplísimo sector de la sociedad, lo resuelto por el Ejecutivo constituye, sin ninguna duda, una muy buena noticia.