ADN Digital
En una entrevista radial reciente, la senadora por el Frente Guasu, Esperanza Martínez, dijo una frase contundente, “lo que más me preocupa de todo este tema de los audios es que nadie está investigando quién ordenó grabarlos”. Argumento irrebatible que demuestra lo mal que está funcionando el sistema de protección a los ciudadanos.
Cualquier norma legal, y mucho más la Constitución, tiene sus reaseguros y sus guardianes, esos que deben reaccionar cuando hay alguna actuación que no se adecua a sus principios y disposiciones. Si una persona, o un grupo de personas, o varios grupos de personas pretenden violar una disposición constitucional, es bastante frecuente ver cómo la Fiscalía actúa de oficio e inicia una investigación y, si hay suerte y consigue suficientes evidencias, eleva la causa ante un juez, quien actúa en consecuencia.
Es cierto que hay dilaciones, chicanas, sentencias compradas y miles de cosas más que hacen que el Poder Judicial paraguayo no responda, desde hace varias décadas, a las necesidades de la ciudadanía sino a sus intereses personales. Pero mal que mal, hay fiscales y jueces que actúan y cumplen con sus responsabilidades. Aunque más no sea por un afán de vedetismo, por quedar bien con la gente, los agentes fiscales suelen actuar prestamente cuando se trata de un caso lo suficientemente promocionado a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
En el caso de los audios del JEM no pasó nada de esto. La ciudadanía condenó a quienes se escuchan en las grabaciones y la Fiscalía, en base a grabaciones obtenidas de manera ilegal, inmediatamente imputó a 5 supuestos implicados en tráfico de influencias. Hay magistrados que ya procesaron a algunos de estos –1 ya está en la cárcel- y todo el mundo permanece expectante, aguardando que esos que fueron grabados paguen por el delito cometido.
Pero nadie, absolutamente nadie, se preguntó siquiera quién ordenó que se hicieran esas grabaciones. Dicen que fue pinchado el celular del entonces secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann. Lo primero que un fiscal debería preguntar fue ¿Quién elaboró el plan y dispuso el pinchazo? ¿Con qué objetivo? ¿Quiénes eran sus blancos? ¿Qué otros teléfonos están pinchados y por qué?
Como verán son preguntas lógicas y sencillas, de esa clase que uno hace cuando se encuentra con un berenjenal como éste. Muy lindos los fuegos artificiales que produjeron los audios y el irracional placer que sienten muchos al pensar que se está haciendo una “lucha frontal contra la corrupción y la impunidad”. Pero cualquiera que se detenga a pensar un poco se dará cuenta de que esto es un bluf y que todo lo hecho no tiene ningún viso de legalidad, por lo que no puede ser usado en un juicio.
Pero, ¿Será posible que a nadie le interese investigar lo que hay detrás de estos audios? Él o los que hayan dispuesto los pinchazos tienen que tener el suficiente poder económico para encontrar lacayos en los órganos de seguridad. Se nos ocurre pensar que el plan podría haber sido extorsivo, es decir, grabar conversaciones comprometedoras para luego sacar dinero o algún tipo de beneficio. ¿Pero quién fue? Al igual que Esperanza Martínez, nosotros nos preguntamos lo mismo. Y sentimos la misma terrible preocupación que ella al darnos cuenta de que a los órganos jurisdiccionales les tiene muy sin cuidado el hecho de que los ciudadanos de este país estemos absolutamente desprotegidos ante el poder y las malas intenciones.