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Una deplorable situación penitenciaria con casi nula presencia del Estado registra el Paraguay, según el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que puntualiza las deficiencias que persisten para generar garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad o afectadas en su ejercicio dentro del sistema.
Según el reporte, se analizan varios puntos como la irrupción del crimen organizado de base carcelaria, el déficit del servicio sanitario, la actuación de algunos defensores públicos.
Además, el combate poco exitoso al abuso de la prisión preventiva, el alto porcentaje de personas sin condena, la presencia de pabellones de mujeres en penitenciarías de hombres, así como la baja inversión en calidad de atención de los adolescentes en conflicto con la ley.
“Desde el Mecanismo de Prevención observamos con mucha preocupación el debilitamiento de los espacios de poder que se van dando dentro de las penitenciarías y cuando esa ausencia se da dentro de las penitenciarías se crean espacios que son ocupados por internos que desplazan el control de las penitenciarías del tutelaje estatal”, refiere el resumen del MNP.
Esto debe ser, argumentó, subsanado de manera urgente, pero no en un concepto de seguridad tradicional, sino en un concepto más de seguridad humana porque hay gente que debe pagar G. 5.000 o G. 10.000 para acceder a una atención de salud en una penitenciaría.
“La gente quiere salir de las penitenciarías con un oficio, pero no puede acceder a ese tipo de servicios porque tiene que ver también una corrupción interna imperante en los establecimientos”, señalaron.
