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El diputado preso, pero con permiso de sus pares, Ulises Quintana, perteneciente al oficialismo colorado, aseguró ayer muy suelto de cuerpo que era un perseguido político y a renglón seguido sindicó a Javier Zacarías Irún, como su perseguidor. Todo un contrasentido. El oficialista, perseguido por un disidente. No se habrá visto nunca.
Quintana guarda prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cué, por estar imputado por varios hechos punibles, entre ellos el enriquecimiento ilícito, que no permite medidas sustitutivas. Los hechos investigados no tienen nada que ver con la política, ya que son consecuencia de la detención de uno de los presuntos narcos más grandes del país, Reinaldo “Cucho” Cabañas, con quien habría mantenido un estrecho vínculo el diputado abdista.
El sentido común dice que cuando alguien es perseguido político, eso es consecuencia de no pertenecer al sector de los que mandan. Así que Quintana, o dejó de pertenecer a Colorado Añetete (el movimiento que lidera el presidente de la República), o no es víctima de ninguna persecución.
Dudamos mucho que el diputado altoparanaense haya dejado de pertenecer al movimiento oficialista de la ANR, más que nada porque la cúpula Añetete ha puesto en marcha una ofensiva muy agresiva desde que se concretó la Operación Berilo y se tuvieron datos que lo involucraban en el tráfico de drogas. El mismo vicepresidente de la República, a cara descubierta, sigue insistiendo en la inocencia del detenido, asegurando que solo cumplía con su papel de abogado cuando intercedió para que se liberen 190 mil dólares que pertenecían a Cabañas.
Así que no, Ulises no renunció a Colorado Añetete. Por lo tanto no puede utilizar la persecución política como recurso para proclamar su inocencia. Pero fue lo que hizo, lo que parece indicar que durante estos casi 2 meses que lleva guardando reclusión “no tuvo tiempo” para juntar elementos que pudieran desmeritar las acusaciones y las sospechas que pesan en su contra.
En su declaración dijo que “no existen pruebas contra mí”, algo que será fácil de comprobar con la Fiscalía, que, a la vista de todo lo obtenido, decidió imputarle por un crimen por el que no podía conseguir medidas sustitutivas, algo que todavía pretenden conseguir los añetete que presionan a los agentes fiscales para que cambien la carátula.
Así que tiene a todo el primer anillo del presidente de la República intentando desesperadamente sacarlo de Viñas Cué. Y si no lo consiguieron hasta ahora no fue por falta de intento sino porque la Fiscalía está dando muestras no vistas antes de decisión, empeño y valentía.
De hecho, aunque no ha manifestado su apoyo abiertamente, la actitud displicente del jefe de Estado, que observa el intento de injerencia de sus colaboradores en la administración de Justicia, de manera casi complaciente, nos permite pensar que, lejos de ser un perseguido, Ulises Quintana es un protegido político. Y si no se nota es porque el Ministerio Público actúa como si estuviera en un país serio.