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ASUNCIÓN. El juez Humberto Otazú rechazó todos los recursos e incidentes presentados por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y los demás imputados acusados de lesión de confianza. Entre los recursos planteados por las defensas se encontraron la excepción de incompetencia de territorio, con la intención de trasladar el caso a otra región del país, el recurso de reposición contra la admisión de la imputación y el incidente de nulidad absoluta del acta de imputación, entre otros.
Con relación a la excepción de incompetencia, el magistrado afirmó que el monto del supuesto perjuicio patrimonial que originó el caso superó los 5.500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. El juez disminuirá que la competencia quedó establecida por la ley N° 6379, sancionada el 1 de octubre de 2019, anterior a la comisión del delito. También aclaró que la acordada N° 1406 del 1 de julio de 2020 se refería a cuestiones organizativas y no afectaba la competencia establecida por la ley mencionada.
En cuanto a la nulidad del acta de imputación, el juez observó que las calificaciones de los delitos atribuidos a los imputados eran “provisorias” y que se resolverían de manera definitiva en una etapa procesal posterior. En consecuencia, concluyó que no se vulneraron principios ni garantías para los procesados y rechazaron el incidente.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia acusaron al intendente Miguel Prieto de lesión de confianza por la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de bajos recursos, que resultó en un perjuicio de G. 1.769.790.000 para la comuna. La adquisición tuvo lugar en abril de 2020, durante la pandemia de covid-19, mediante una excepción y beneficio a la empresa Tía Chela SRL. La imputación también dijo la presunta participación de la firma Vanemi SA, cuyo representante legal, Emili Vanessa Florentín Páez, tiene vínculos con el intendente Prieto.
Además del intendente, otras 10 personas fueron imputadas en este caso, incluidos funcionarios municipales y representantes de las empresas involucradas. Los fiscales solicitaron el arresto de todos los imputados por su presunta participación en el hecho.
