ADN Digital
Cuando todavía hay una gran mayoría ciudadana que no ha podido captar la gravedad de que conversaciones telefónicas –del tenor que fueren- hayan sido grabadas sin una orden judicial y vaya a saber por quiénes y por qué oscuros intereses, surge ahora la noticia de que por un supuesto pedido de una fiscal, una empresa telefónica entregó el detalle de conversaciones y mensajes de varias personas, entre quienes estaban políticos, empresarios, fiscales y altos funcionarios del Estado.
Es como si de repente la protección de la intimidad de las personas haya dejado de estar vigente, y que violar las disposiciones constitucionales tendientes a garantizarla no tuviera mayores consecuencias y sirva, incluso, para justificar persecuciones hechas en nombre de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Analicemos por un momento lo que ocurrió con el caso de la fiscala Brígida Aguilar y la empresa Tigo Paraguay. En octubre del año pasado, la telefónica recibió una nota, firmada por la agente fiscal de la localidad de J. Augusto Saldívar, en la que pedía el detalle de conversaciones telefónicas de 9 personas durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril.
La nota contenía todos los requisitos exigidos para un trámite de esta naturaleza, la firma de la representante de la Fiscalía, un número de expediente y el sello del Ministerio Público. Por lo tanto, de manera rápida, la empresa cumplió con el pedido y envió a la fiscala los datos que había solicitado. O por lo menos, la empresa pensó que ella lo había solicitado. No era su trabajo investigar si la firma era la correcta o si el número que supuestamente tenía el expediente justificaba una solicitud de esa naturaleza.
¿Y entonces? ¿Quién es responsable de la protección de la intimidad de las personas? Por lo visto, nadie. Es increíble, pero así de desprotegidos estamos ante cualquiera que se haga pasar por representante de los órganos jurisdiccionales, que ni siquiera tiene la obligación de demostrar que lo es.
¿Usted entiende la gravedad de esto, apreciado lector? Significa que cualquier día de estos, alguien que le tenga encono por alguna cuestión particular o piense que a través suyo puede conseguir dinero, puede hacerse pasar por un representante del Ministerio Público o la Justicia, y exigir a alguna empresa telefónica privada datos de sus llamadas o mensajes privados, y usted quedará absolutamente expuesto al arbitrio de inescrupulosos que pudieran usar esa información con fines extorsivos. Y nadie podrá protegerlo de eso porque no existe un mecanismo que garantice que su derecho, y el de su vecino, y el de todos, estarán protegidos ante este tipo de abusos.
Aunque no existiera el reciente antecedente de los audios obtenidos y emitidos sin orden judicial, esto sería grave. Pero teniendo en cuenta el escándalo de esas grabaciones que están sirviendo para una verdadera caza de brujas con la que quienes las ordenaron están persiguiendo a sus enemigos políticos, la conclusión es desastrosa. Como nunca antes en este momento el Estado de Derecho sufre su ataque más salvaje y asesino. Increíblemente, no son los tanques los que amenazan a la democracia que tanto esfuerzo nos costó construir. Son personajes oscuros, inescrupulosos, para quienes cualquier cosa vale con tal de hacer un buen negocio o liberarse de sus enemigos.
El día que la violación a la intimidad de las personas se convierta en ley, el sistema republicano hará mutis por el foro. Y esto es precisamente lo que está a punto de ocurrir.