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El Dr. Eduardo González, uno de los representantes legales de la intendenta suspendida de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, señaló que esperan el inicio de la investigación de la tercera acción que presentaron contra la interventora, Dra. Carolina Llanes, a quien denunciaron por lesión de confianza debido a un perjuicio de más de G. 5.000 millones a las arcas de la comuna esteña. La denuncia fue presentada el pasado martes y el fiscal del caso es Juan Ledesma Peralta. Por otra parte, destacó que podrían también denunciarla por coaccionar a los funcionarios para “fabricar pruebas”.
ASUNCIÓN.- El Dr. González explicó que la denuncia contra la Dra. Carolina Llanes fue presentada el pasado martes y al día siguiente fue designado el fiscal Juan Ledesma Peralta para atender el caso y están esperando que inicie las investigaciones correspondientes.
Por otra parte, destacó que la interventora no escarmienta porque tuvieron información que coaccionando a funcionarios a firmar actas que ellos mismos preparan. Refirió que con esto muestra nuevamente su actitud prepotente, arbitraria e ilegal, con esto se está exponiendo a otra denuncia y esta vez por coacción.
“Si la fiscalía no actúa referente a la denuncia presentada el pasado martes, por lesión de confianza, demostrará una vez más que actúa en forma benevolente con la interventora y que “obedece” al Podre Ejecutivo. Algunos diputado que también tratan de sacar provechos personales de la situación están diciendo que no puede ser que la fiscalía no cumpla las órdenes del presidente de la República”, apuntó.
Destacó que en ese sentido están muy equivocados porque existe una separación de poderes y cada órgano debe actuar en forma diferentes.
Recordó que el pasado jueves presentaron un escrito donde piden que el fiscal se constituya en la Municipalidad para hacer los resguardos correspondientes de las documentaciones y toda la parte de informática, porque la interventora y su gente pueden hasta generar expedientes. “Por otra parte, estamos confirmando todas las denuncias que realizamos tanto contra Carolina Llanes como Mirko Duré, este último que es el encargado de la parte administrativa financiera”, subrayó.
Mencionó que inclusive que tienen datos que la interventora está devolviendo pago de impuestos, que es un hecho muy grave. “Vamos a corroborar y si es cierto también vamos a realizar las denuncias correspondientes”, aseguró González.
“FABRICAR IRREGULARIDADES”
Igualmente, el Dr. González indicó que otra denuncia que tiene es que Llanes y su equipo confeccionan formularios y con amenazas le quieren hacer firmar a los funcionarios antiguos que menos ganan; les dicen que si no lo hacen les van a echar, de acuerdo a sus expresiones. Señaló que esta situación la están analizando y dependiendo del resultado, esta semana estarían presentando una nueva denuncia contra la interventora por coacción, con lo que sumarían 4 las quejas legales contra ella.
Destacó que como la interventora no está encontrando irregularidades en la gestión de la intendente suspendida de Ciudad del Este, Sandra MacLeod, están tratando de fabricar pruebas. En ese sentido, dijo que por ejemplo, le quieren obligar al encargado del vertedero a decir que no pesaba la basura, entre otros. “Con esto Llanes demuestra que desconoce lo que es intervención y usurpa el cargo de intendenta”, ratificó el Dr. González.
SUMAN Y SIGUEN LAS DENUNCIAS
Hasta ahora hay tres denuncias presentadas en contra de la interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, Carolina Llanes y una cuarta podría ser presentada la próxima semana. La primera fue por producción de documento no auténtico y fue realizada por los concejales municipales. Ella fue designada por el Poder Ejecutivo el día 3 de diciembre del año pasado y al día siguiente presentó una nota a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo el comisionamiento de un funcionario de la referida institución, de apellido Clerk y que es un opositor a la familia Zacarías en Ciudad del Este.
Lo grave del caso es que Llanes manifestó en su nota que el pedido tenía la autorización de la Junta Municipal. Sin embargo, los ediles aseguraron que nunca se reunieron para tratar el tema y la denunciaron por producción de documento no auténtico.
Referente a la segunda denuncia, presentada por los funcionarios municipales. La ley 317 que reglamenta las intervenciones de las gobernaciones y municipalidades, señala que la interventora nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo, representa al presidente de la República, por lo tanto no tiene todas las atribuciones que le da la ley 3966 a la intendenta, solamente puede ejercer la dirección de los recursos humanos, realizar la ejecución presupuestaria y limitarse a la investigación. Sin embargo, ella se extralimita y echó a más de 90 funcionarios.
Por otra parte, la Junta Municipal le otorgó a la interventora el poder para realizar descuentos y exoneraciones a los contribuyentes hasta el 12%. Sin embargo, ella violó las normativas vigentes, otorgando a personas y empresa que no están al día en sus haberes y ocasionó una perjuicio patrimonial, superior a los G. 5.000 millones a la comuna.
Ahora los abogados de la suspendida intendenta, Sandra McLedo, está analizando presentar otra denuncia, pero esta vez por coacción graves, ya que estaría tratando de obligar a los funcionarios firmar documentos para comprometer a McLeod.
