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ASUNCIÓN.- Ahora la controversia por la aplicación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) quedó en el escenario privado; aunque si uno de estos sectores –contadores y abogados- recurre a la Corte Suprema de Justicia un posible resultado a favor de estos gremios afectará a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Los empresarios nucleados en gremios industriales, comerciales y de la producción manifestaron su conformidad con el Decreto 6.910 modificado; sobre todo en lo que refiere a la fecha de implementación: desde enero 2017.
Eduardo Felippo, presidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), explicó que están conformes con el nuevo Decreto (emitido el miércoles) “y ya no tenemos nada más que reclamar”.
Los contadores y abogados tributaristas insisten en oponerse a la nueva reglamentación. Cuestionan supuestos actos violatorios de la Ley, relativos a las deducciones de las inversiones y los gastos. Advierten llegar a la Justicia, pero también se declaran abiertos a negociar cambios. La SET se plantó en el acuerdo con los empresarios.
Nora Ruoti, abogada tributarista dijo que “el Decreto 6.910/17 apenas posterga la violación de la Ley del Impuesto a la Renta Personal, ya que su entrada en vigencia es a partir de enero del 2017 y no desde el 2016, como planteaba el decreto anterior (6.560/2016), pero no modifica cuestiones de fondo que atentan contra principios de la ley”. Estos gremios apuntan a derogar totalmente la ley y regresar al mismo esquema anterior que creaba privilegios impositivos.
El Colegio de Contadores del Paraguay saldrá a la calle a juntar firmas de contribuyentes, desde el lunes próximo y contadores que estén de acuerdo con la inconstitucionalidad que tiene previsto contra la SET, confirmó Alba Talavera, del citado gremio.
El año pasado –diciembre 2016- el Ejecutivo firmó un Decreto que modifica el IRP para revertir una situación considerada injusta y que beneficiaba con exenciones fiscales a por lo menos 4.000 personas con elevados ingresos que no pagan el IRP.
El Decreto presidencial planteó en principio el cobro programado desde este mes (marzo) y de manera retroactiva a enero 2016.
