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La crisis política actual tiene una salida muy sencilla, atenerse a lo que dictan las reglas vigentes en el Estado de Derecho. El diálogo y la negociación son vías adecuadas por las que se puede llegar a un arreglo, siempre y cuando este se enmarque dentro de la institucionalidad. El procedimiento es claro y lo único que falta es tener el espíritu para respetarlo, sin importar que no coincida con nuestros deseos.
ASUNCIÓN.- El problema de fondo de esta crisis, que ya llevó a un grupo de inadaptados a incendiar una parte del Congreso y tuvo como saldo nefasto la muerte del joven Rodrigo Quintana durante una incursión policial en el local del PLRA, es que un sector se opone al procedimiento de la enmienda para establecer la reelección en la Constitución Nacional.
La diferencia de conceptos de un tema político no tendría que ser motivo de ruptura institucional en ningún país del mundo, incluido el nuestro, en donde las reglas están claras y preestablecidas. Juristas de renombre internacional, algunos, incluso, exconvencionales constituyentes, coinciden en que la enmienda es una forma absolutamente constitucional para que la Constitución permita el segundo mandato presidencial.
Por lo tanto, basta con seguir los pasos que, claramente, detalla la Carta Magna para que la enmienda pueda ser aprobada. Primero, debe superar –por mayoría absoluta de votos- las cámaras del Congreso. Ya lo hizo en el Senado y está pendiente en Diputados. Si allí no consigue los 41 votos que necesita, pues sencillamente el proyecto de enmienda pasará a archivo y no podrá volver a hablarse del tema, por lo menos durante este período.
Pero si el proyecto consigue 41 diputados, quedará superada la instancia del Congreso y pasará a instancias de la Justicia Electoral, en donde el TSJE deberá convocar, en un plazo no mayor a 180 días, a un referéndum en donde, finalmente, será la ciudadanía la que decida si acepta o no que la Constitución sea enmendada, permitiendo la reelección presidencial.
Si gana el SÍ, la reelección será una realidad; pero si gana el NO, el tema no podrá volver a considerarse en los siguientes 5 años.
Por supuesto que durante todo el proceso, alguna de las partes puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia, pero debe hacerlo con el convencimiento de que respetará su fallo, sin importar cuál sea su tendencia. Es así de sencillo y transparente el procedimiento, y hay que acatarlo, nos guste o no el resultado final. El respeto a la institucionalidad es la mejor garantía de la vigencia del Estado de Derecho.
