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ASUNCIÓN. El asesor jurídico de la Contraloría General de la República, Darío Ortega, afirmó que avanza en el Ministerio Público la investigación sobre las denuncias de irregularidades en el uso de recursos provenientes del Fonacide, destinados al almuerzo escolar. Hay tres fiscales designados para los casos que afectan al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las Municipalidades de Arroyito y Altos. Se sospecha que el presunto derroche en una treintena de comunas alcanza los G. 52.000 millones.
En entrevista con la emisora 650 AM, Ortega señaló que la semana pasada se llevó a cabo una reunión en el Ministerio Público, en la que se buscó establecer una coordinación efectiva entre la Contraloría y Fiscalía. “El objetivo de esta interacción no se limita únicamente a los casos relacionados con las denuncias de almuerzo, sino que abarca un enfoque más amplio en la lucha contra la corrupción en general”, refirió. En este sentido, acotó que se conformó una mesa coordinadora de trabajo y se anticipa la firma de un nuevo acuerdo que permitirá una cooperación más estrecha entre ambas entidades, lo que facilitará el seguimiento y la investigación de los casos en cuestión.
El asesor jurídico también resaltó que, además de los avances en las auditorías de las denuncias específicas, se encomendó a la Dirección General de Contrataciones Públicas un análisis exhaustivo de las licitaciones y contratos de los últimos 10 años. Esto se realiza con el fin de determinar si los problemas de provisión irregular de almuerzos escolares también ocurrieron en otras regiones o instituciones.
ANTECEDENTES DEL CASO
Con relación a la situación de los platos de comida pagados, pero no servidos en una institución educativa y la gestión de sobrantes cuya redistribución o destino final carece de evidencia verificable, la Contraloría General de la República informó acerca de posibles actos punibles en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con un monto de G. 146.783.959, que fueron reportados al Ministerio Público.
Dentro del marco de 53 observaciones de irregularidades identificadas principalmente en el ejercicio fiscal de 2022 en el ámbito educativo, la Contraloría General de la República detectó que al menos 10 de estas observaciones podrían haber generado daños patrimoniales.
El enfoque de la investigación abarca la gestión realizada durante los períodos en los que Juan Brunetti y Nicolás Zárate fueron ministros de Educación. Las denuncias afectan a 30 comunas, donde se estima un presunto derroche de G. 52.000 millones, según el informe de la Contraloría.
Ciudad del Este, Presidente Franco, Santa Rosa del Aguaray, Ypacaraí, Ayolas, Filadelfia, Limpio, Arroyito, J. Augusto Saldívar, Yataity, Caraguatay también están entre aquellas señaladas por irregularidades. A esta lista se suman Obligado, Curuguaty, Caapucú y la Gobernación de Alto Paraná.
