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El proyecto que envió el Ejecutivo al Senado, con el que se pretende castigar con penas carcelarias y graves multas a los funcionarios que vacunan a privilegiados y ciudadanos que no obedecen las restricciones sanitarias, cayó como un balde de agua fría tanto en los diversos sectores políticos como en la ciudadanía en general.
Lo llamativo es que muchos de los que opinan en contra reconocen que ni siquiera leyeron el proyecto, pero les bastó la feroz metida de pata del secretario privado del presidente para convencerse de que la intención es un abierto retroceso en las libertades públicas. En una entrevista que se le hizo el día de la presentación del proyecto, al ser consultado sobre el hecho de que parecía muy restrictivo, Mauricio Espínola no tuvo mejor idea que responder: “Hoy es el 4 de mayo”, refiriéndose con esa sola frase al inicio de la dictadura stronista.
Lamentable metida de pata de alguien muy cercano al jefe de Estado, pero que, según muchos entendidos, resume el verdadero espíritu del proyecto, ya que ante la incapacidad de imponer respeto por sus actos y buena gestión, este gobierno no tiene otra forma de hacer que frene la circulación comunitaria del Covid-19 más que por la fuerza. Y conste que no hablamos de la herencia familiar stronista de Abdo Benítez, que, indudablemente, algo debe pesar en sus intenciones, ya que debe tener añoranzas de la dictadura de la que disfrutó tanto gran parte de su vida.
Varias veces insistimos con que la Fiscalía y la Policía deben tener la autoridad suficiente para controlar que la gente cumpla con las restricciones vigentes. Pero no necesitan llevar a la cárcel a los infractores. Esta es una cuestión de actitud y de firmeza. El problema es que 32 años después del golpe de Estado, la Policía sigue siendo represiva y no preventiva, y como no tienen autorización para actuar con dureza, lo que hacen es el papel de payasos, tratando de “convencer” a los irresponsables del peligro de su actitud.
Será muy difícil que este proyecto tenga andamiento en el Congreso, dada la postura ya manifestada por todos los sectores menos el oficialismo, como era de esperarse, aunque ni los abdistas intentaron una defensa a ultranza del mismo, sino que pidieron que se lo estudie y discuta antes de tomar una decisión. Pero la sensación de que Abdo Benítez y su equipo pretendieron ampararse en una ley para la represión ciudadana no será fácil de olvidar.
Metieron la pata, lo cual ya no constituye ninguna sorpresa. El temor es que no haya sido por torpes, sino por un abierto resabio a épocas que la mayoría de los paraguayos pensamos que ya estaban superadas.