ADN Digital
Históricamente la ciudadanía paraguaya ha tenido que soportar gobiernos inescrupulosos y desinteresados en la búsqueda del bien común. La pandemia vino a agravar una situación que hemos padecido durante demasiado tiempo y, posiblemente por la cantidad de muertos que lloramos y las tremendas pérdidas económicas de quienes fueron golpeados con fuerza por el virus, la tolerancia pareciera haber llegado a su límite.
Ya no puede ser que un país tan sufrido tenga que soportar los privilegios de quienes consiguen una banca en el Parlamento. Sus millonarias dietas golpean con demasiada fuerza los cada vez más escuálidos bolsillos ciudadanos. Y, como si esto no bastara, también se debe soportar que tengan derecho a unas vacaciones VIP de casi 3 meses, en las que “descansan” como si de verdad hubieran terminado agotados después de pasarse todo el año negociando, transando y buscando beneficios personales.
Aunque en menor escala, también los magistrados judiciales gozan del privilegio de un mes de vacaciones, algo muy alejado de la realidad de la mayoría de los paraguayos, que ni siquiera tienen la protección legal del tiempo de descanso pago que está garantizado en las leyes.
Hay cosas que se deben cambiar, para lo cual es fundamental una reforma constitucional. Treinta años después de la vigencia de la actual Carta Magna, es un buen momento para que la clase política se ponga las pilas y convoque a una Constituyente que adecue el texto de nuestra ley máxima a la realidad nacional y establezca normas más claras y, sobre todo, más justas para todos.
En un país en el que hay tantas injusticias, hay groseras asimetrías que deberían ser eliminadas de una buena vez.