miércoles , octubre 21 2020
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¿Quién defiende al pueblo?

La crisis del COVID-19 representa desafíos muy difíciles de salvar incluso para los países del primer mundo. Eso es más que evidente. ¡Qué sería para los administradores del Estado de esta zona del planeta! Pobres y corruptos, dan si se quiere manotazos de ahogado.

Encima lo hacen en soledad. Ya que el sector privado está embarcado en un frenesí de ganancias -legales hay que decirlo-pero discutiblemente éticas.

Una vez detectado el contagio, el primer dilema que se le plantea a los “comunes”, es el precio del testeo. El famoso hisopado, sobre cuyo costo circulan versiones de todo tipo. Lamentablemente debemos confirmar que las más tremendísticas al respecto, están en lo cierto. En los laboratorios pagados-los pocos que lo hacen- hay que abonar sin chistar la friolera suma de 550.000 Gs, suspira uno y dice bueno…si todo acaba aquí. Pero si el resultado es positivo… todo empieza allí.

Anotamos al margen que el hisopado en el privado es una opción para los que tienen algo de dinero, que son  cada vez menos. Ello explica las interminables colas de autos en la costanera para hacerse el testeo gratis, es decir el que está subsidiado por el Estado.

Decíamos que todo empieza allí. Se intenta primero contener la enfermedad en la casa. Dicen que en la zona de los bañados y demás, infestadas de la peste, el “tratamiento” empieza y termina allí. Mucha gente muere y no quedan registros. No nos consta, pero es muy probable que esté ocurriendo.

En las familias de clase media la oración es para que el caso no sea grave. Pero, en muchísimos de ellos, se llega al terrible momento: Hay que internarlo. ¿Dónde? Los hospitales públicos están  saturados, “conseguir” un lugar es toda una odisea. Se pierden días, semanas incluso y esa demora significa solamente una cosa contra el Covid: La muerte.

Entonces probemos en el privado. Internado nomás vaya y pase, pero el maldito virus tiene un “condimento” absolutamente desgraciado, si nos permiten el término. En la mayoría de los casos hay que pasar a UTI, a la famosa terapia intensiva. Y conectado “decúbito prono” (boca para abajo) a un respirador mecánico. Los días pasan, la situación se vuelve desesperante en lo económico, los costos se disparan a razón de 35.000.000 de Gs por día (anotamos bien 35 millones por día/en UTI con respirador) En muchísimos casos (se habla de alrededor de un 86%), la batalla se pierde.

La cuenta subsiguiente debe ser honrada. Una semana o poco más en terapia que es lo que suele requerir el COVID, ronda los 220/250 millones de Gs, en situaciones “normales”. La familia pierde todos sus ahorros, en la generalidad de los casos, pierde también a su ser querido, del que ni siquiera puede despedirse. Enajena sus bienes para reunir semejante suma y debe volver a empezar.

Lo terrible es que en este asunto asoma también el feo rostro del “capitalismo salvaje” del que ya hablamos en una anterior entrega.

El gobierno está por contratar con  el sector privado camas de UTI, porque está siendo cada vez más sobrepasado por la pandemia. Cuando anunció el tema, el viceministro Borba, habló de alrededor de 13 millones de Gs/día. Posteriormente Mazzoleni hizo el anuncio oficial de que sería por 15 millones.

Alguien anotó también que en dos puntos del interior del país, un  día en UTI con respirador, cuesta aproximadamente (sólo) 6 millones de Gs.

Por supuesto ninguno de estos números se compadecen de los 35.000.000 Gs/día que cuesta la UTI en el sector privado.

Posible corrupción por un lado y lucro desmedido por el otro.

Investigando nos dijeron que no hay regulación legal en esta materia para los nosocomios privados. Juegan arco libre como se dice vulgarmente.

La pregunta es ¿Quién defiende al pueblo?

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